Todo comenzó el 24 de junio de 1933.
Con el rigor del invierno los obreros que se levantaron en Ranquil, no pudieron trabajar ni obtener alimentos, y empujados por la desesperación se arrojaron sobre las pulperías, arrasando con los establecimientos agrícolas que encontraron a su paso.
Los hechos que se relatan a continuación y que costaron la vida a un número nunca bien determinado de personas fueron tomados en su totalidad de la obra de don Ricardo Donoso titulada "Alessandri, agitador y demoledor".
"Un grupo de inquilinos del fundo Ránquil, levantados en armas, abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron en una extensión de 150 kilómetros, pasando a cuchillo a pulperos, mayordomos y propietarios que intentaron oponérseles. La acción policial fue en los primeros momentos ineficaz, pero poco más tarde la represión estuvo teñida de caracteres sangrientos y la tranquilidad sólo se restableció a costa de centenares de muertos y heridos.
El Gobierno trató de restar importancia al levantamiento, atribuyéndolo a la obra de los agitadores, pero el malestar que provocó la rebelión armada se venía incubando desde mucho tiempo atrás y obedecía a motivos sociales y económicos. Ampliamente debatido en la tribuna parlamentaria, puso una vez más de relieve cuán hondas divergencias separaban a los dos bandos, buscando el Ejecutivo la raíz del mal en la labor disolvente de la oposición y poniendo ésta de relieve la angustia surgida en las clases trabajadoras a consecuencia de la miseria.
En la Cámara de Diputados Carlos Alberto Martínez expuso los antecedentes de la constitución de la gran propiedad en la región del Alto Bío Bío y los esfuerzos hechos por el Gobierno del señor Ibáñez para solucionar el problema de los ocupantes, dejando a éstos un terreno de invernada de siete a ocho mil hectáreas, pero la situación se hizo más complicada al trasladar a los colonos a terrenos cordilleranos con el propósito de instalar faenas de lavaderos de oro. Se formó así una masa enorme de gente de trabajo, que con sus familias no sería inferior a las diez mil almas. Con el rigor del invierno esos obreros no pudieron trabajar ni obtener alimentos, y empujados por la desesperación se arrojaron sobre las pulperías y arrasaron con los establecimientos agrícolas que encontraron a su paso.
Los sucesos de Ránquil tuvieron igualmente resonancia en el Senado, ante el cual repitió el Ministro del Interior (Salas Romo) los mismos argumentos que había exhibido en la Cámara de Diputados. Dio detalles de las depredaciones cometidas por los rebeldes e insistió en la labor desquiciadora de las organizaciones políticas, citando como ejemplo los acuerdos de la juventud socialista y de la Federación de Estudiantes.
El senador Pradenas a su vez se refirió a las características que había tenido la represión de los carabineros y al hecho de que de los 500 prisioneros tomados sólo 23 llegaron detenidos a Temuco.
En sesión de 6 de agosto el Senado acordó, por 19 votos contra 15, nombrar una comisión especial compuesta de ocho de sus miembros, destinada a investigar las causales que determinaron el levantamiento de los obreros y colonos del Alto Bío Bío y los acontecimientos que con posterioridad se desarrollaron en la región hasta el momento de la entrega de los acusados a los Tribunales de Justicia. La Comisión quedó designada en sesión de 27 de agosto.
El proceso por los sucesos de Ránquil fue muy laborioso. Fue substanciado por el Ministro de la Corte de Temuco, don Franklin Quezada, quien por una primera resolución de 15 de septiembre de 1934, considerando que se investigaban delitos relacionados con la seguridad interior del estado, y que el día anterior se había promulgado la ley de amnistía 5483, mandó sobreseer.
En una segunda sentencia de 26 de septiembre dejó constancia de la existencia de los siguientes delitos:
* Alzamiento a mano armada en la Comuna de Lonquimay, departamento de Victoria, a fin de promover la guerra civil y el cambio de la forma de Gobierno.
* Robo con homicidio en las personas de Juan Zolezzi y Alfonso Zañartu, en el lugar llamado Troyo.
* Robo con violencia en las personas de José y Martín Gainza, en el fundo Cotraco.
* Robo con homicidio de Pedro Acuña en la pulpería Frau.
* Robo e incendio de un galpón en el fundo Lolco.
* Asesinato de los carabineros Rafael Bascuñán y Fidel Montoya en Nitrito.
* Resistencia a la acción de los carabineros y robo con violencia en el fundo Guayalí y en la pulpería de Ackermann.
Terminaba declarándose incompetente, debiendo conocer en ella el Juzgado Militar de Concepción. Este, a su vez se declaró incompetente. La Corte Suprema, resolviendo la contienda de competencia, en sentencia de 23 de noviembre de 1934, declaró que correspondía a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco el conocimiento en primera instancia del proceso, y mandó devolver los antecedentes al magistrado señor Quezada.
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