Las razones siempre han sido las mismas. Las particularidades geográficas, étnicas y sociales eran los argumentos en que se sustentaba la idea de dar forma a una nueva unidad administrativa-territorial en Alto Bio Bío, separándola de Santa Bárbara, la comuna madre.
El interés partió allá por los años ´80 cuando fue planteado en un informe de la oficina de Planificación Nacional (Odeplán) que después quedó archivado en alguna parte.
En los años ´90, el asunto volvió a ser expuesto, pero ahora públicamente. Primero lo hizo en 1995 el entonces gobernador provincial Juan Carlos Coronata. Meses después lo hizo el fallecido diputado de la zona, Octavio Jara Wolf, quien incluso postulaba un cambio territorial de la región al anexar a ésta toda la cuenca del río Bio Bío desde sus orígenes en los lagos Galletué e Icalma, de la comuna de Lonquimay (Región de los Lagos).
La propuesta del legislador se enmarcaba dentro de la denominada propuesta de desarrollo integral del Alto Bio Bío que después, con cambios y modificaciones, tomó la forma de Área de Desarrollo Indígena (ADI), primera que se puso en marcha en el país. El vamos le correspondió al entonces Presidente Eduardo Frei a fines de marzo de 1997, durante la inauguración de la central Pangue.
Este mecanismo implicaba la focalización de la acción pública, lo que se materializó en proyectos emblemáticos como la electrificación del territorio, mejoramiento de postas de salud y escuelas, el desarrollo del turismo. Sin embargo, otras propuestas anunciadas hace seis años siguen en compás de espera, como, por ejemplo, la entrega de 300 viviendas sociales (sólo se ha entregado una parte) y la construcción del Liceo Politécnico de Ralco.
Pero la idea de la comuna tomó vuelo en enero del año pasado cuando se iniciaron las conversaciones entre Endesa Chile con las cuatro familias pehuenches que rechazaban entregar sus tierras para la central Ralco, las cuales eran intermediadas por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esto, valga decirlo, después que los afectados presentaran una demanda contra el Estado chileno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por atropellos a los derechos humanos.
Fueron estas familias, durante una reunión realizada en Los Ángeles, las que hicieron una expresa petición en esta línea en el marco de su paquete de propuestas de interés general presentado a la autoridad.
La idea tomó fuerza en los meses siguientes a tal punto que la propuesta fue incorporada, en diciembre pasado, al proyecto de ley del Gobierno para crear nuevas comunas.
En el Congreso, la iniciativa navegó por canales poco expeditos (de hecho, se demoró más que las otras tres comunas propuesta) hasta salir aprobada.
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